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España no se libra de las multas al lino
 Aunque el Tribunal anula la parte de la sanción relacionada con las primas al cáñamo. Rechaza las alegaciones españolas y acusa a las administraciones de "inactividad" ante el cultivo de lino, que "recibió primas pero no se comercializó".
Madrid.
01/07/2009
Rose Mary Acedo
El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (UE) ha confirmado hoy la multa que la Comisión Europea (CE) impuso en el año 2005 a España por "fraude generalizado" de todas las ayudas comunitarias concedidas a España para el lino textil en las campañas 1998, 1999 y 2000, que ascendieron a 113,39 millones de euros.
A esta cantidad se unen los 21,08 millones de euros que reclama por graves deficiencias del sistema de control en el sector del lino en las campañas de comercialización de 1996/97 y 1997/98 y en el del cáñamo en las campañas de 1996/97, 1997/98, 1998/99 y 1999/2000.
Aunque el Tribunal ha dictaminado que se anule una pequeña parte de la sanción, la relacionada con las primas al cáñamo, pero confirma que se cometieron "irregularidades" en el sector específico del lino.
Así mismo rechaza los argumentos de las autoridades españolas que defendieron que la CE no había demostrado el perjuicio ocasionado al presupuesto comunitario y culpa a las autoridades españolas de "inactividad" ante el cultivo de lino textil, que "recibió primas pero no se comercializó".
El Tribunal sólo da la razón a España en los argumentos sobre los "vicios de forma" y la falta de menciones al cáñamo durante las reuniones en las que la CE abordó con el Gobierno español los problemas por el lino.
Por comunidades autónomas tendrán que devolver: Castilla y León, 55.082.140 euros; Castilla-La Mancha 33.248.533 euros; Extremadura 7.425.704 euros; Comunidad Valenciana, 130.572 euros; Aragón, 14.191.180 euros; Cantabria, 18.871 euros; Cataluña, 3.564.180 euros; Galicia, 9.179 euros; Madrid, 1.594.473 euros; Navarra, 337.892 euros; País Vasco, 13.746 euros; La Rioja, 69.950 euros; y Andalucía, 733.343 euros.
Contra la sentencia de hoy, España puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, en un plazo de dos meses.
TODO COMENZÓ EN 1999
Apelaciones, órganos de conciliación, correcciones de datos y retrasos han marcado este "fraude" que comenzó supuestamente en las temporadas 1998-1999 y 1999-2000, y supuso una presunta estafa de tres millones de euros, aunque la Unión Europea sancionó a España por ello con la pérdida de 113,39 millones de euros en ayudas agrícolas.
La investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de irregularidades en el uso de las ayudas a la transformación de lino.
La llamada de atención vino tras el rápido incremento de superficie de lino cultivado (que llegó a 91.400 hectáreas en la campaña 1997/98) tras el incremento de las ayudas de la UE, que además tan sólo exigían para cobrarlas que se transformara el lino, sin necesidad de que se vendiera en el mercado, lo que dio lugar a que éste, una vez pasado por la transformadora, se abandonase.
Para la fiscalía, la actividad fraudulenta se instrumentó por empresas transformadoras de varilla de lino textil a través de solicitudes de subvención cumplimentadas por "hipotéticos receptores". En algunos casos los funcionarios autonómicos constataron que la producción declarada de lino "era imposible en tierras yermas".
Tras seguir la pista, se sucedieron distintos incendios en almacenes que evitaron confirmar la cantidad real de lino transformado.
Sin embargo, en abril de 2007, la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados por el supuesto fraude en las ayudas, al estimar que no existió delito y que la actuación de los procesados fue correcta y en mayo de 2008, el Supremo también les liberó de culpa.
Entre ellos, además del ex director del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, estaba otro alto cargo nombrado por el PP, Gonzalo Ruiz Paz, entonces presidente de MERCASA, para quien se pedían tres años y 30.000 euros de multa junto a su hermano, corresponsables ambos de la empresa Colino. También estaban acusados los propietarios o administradores de Colisur 2000 SL, Celitex, Texar SL, Ecoagrocas SL, Lino Textil de Extremadura SL, la cooperativa Los Linares y varios agricultores.
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