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La Consejería de Pesca paraliza las elecciones a la Cofradía de Avilés
 La administración suspendió cautelarmente el proceso previsto para este sábado al observar irregularidades en el proceso, por no estar incluidos en la Comisión Electoral los trabajadores asalariados.
Oviedo.
22/10/2007
Miguel A. Martínez
La consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández, resolvió el sábado suspender cautelarmente el proceso electoral de la Cofradía de Pescadores de Avilés “Virgen de las Mareas” y requerir al Cabildo para que modifique la composición de la Comisión Electoral acomodándola a los estatutos de la citada Cofradía, dado que no están representados los trabajadores asalariados.
La decisión tuvo su amparo legal en los artículos 14 y 23 de los estatutos de la Cofradía en los que se determina que la Comisión Electoral debe estar compuesta por el Patrón Mayor, Vicepatrón Mayor, cofrade más antiguo de la Cofradía en activo que tenga la condición de asalariado, el empresario más antiguo de la Cofradía y el secretario.
La decisión de la Consejería responde tanto a la presentación de varios recursos ante el Principado como a la documentación presentada por la misma Cofradía aportando la composición de los censos electorales.
Según la información recibida, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural comprobó que la Comisión Electoral carecía de representación de trabajadores asalariados. En concreto, Don José Raúl Rodríguez García forma parte de la Comisión Electoral como Vicepatrón Mayor y, a la vez, de trabajador; constatando sin embargo del listado del censo y del contenido de las decisiones de la Comisión Electoral que esta persona es un propietario armador. Por tanto, la Consejería consideró que quedó evidenciado el incumplimiento de la legalidad derivada de los estatutos.
Ante esta situación, la Consejería consideró conveniente suspender cautelarmente el proceso para evitar que se sigan realizando actuaciones o tomando decisiones que podrían estar afectadas por vicios de legalidad hasta que no se esclarezca el alcance de las irregularidades detectadas.
Con el objetivo de clarificar más el asunto, la Consejería ha optado también por requerir a la Comisión, en el plazo máximo de cinco días hábiles, la aportación de todos los actos y acuerdos adoptados para proceder a su análisis.
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