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España, el país que detectó más irregularidades en el gasto agrícola en 2009
 Los 27 comunicaron 1.621 casos de gastos irregulares. Los sectores con más proporción de casos en los que no se respetan las reglas: el azúcar, porcino, carne de aves y huevos, cereales, desarrollo rural, frutas y hortalizas.
Madrid.
15/07/2010
AGROCOPE
España fue el país de la Unión Europea (UE) que notificó en 2009 más casos de irregularidades en el gasto agrícola (404), según un informe presentado por la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra el fraude.
Sin embargo, Italia fue el país en el que las anomalías detectadas en la gestión de los fondos agrícolas alcanzaron un importe superior (54 millones de euros).
Los 27 gobiernos comunitarios comunicaron 1.621 casos de gastos irregulares en la agricultura, por valor de 125 millones de euros, según recoge Efeagro.
La CE indica que las notificaciones de irregularidades en el sector agrario se incrementaron el 43 por ciento en comparación con 2008 y el montante subió un 23 por ciento.
Bruselas atribuye este aumento a la aplicación de un nuevo sistema de gestión de irregularidades (SGI), basado en transmisión de datos por internet que permite a un mayor número de usuarios notificar casos de presuntas anomalías.
Según el balance, el 0,03 por ciento del total de las ayudas agrarias de la UE se obtuvieron de forma fraudulenta.
Los sectores con más proporción de casos en los que no se respetan las reglas: el azúcar, porcino, carne de aves y huevos, cereales, desarrollo rural, frutas y hortalizas, según el informe, aunque en este punto habla de los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2009.
El capítulo agrícola fue el segundo, dentro del presupuesto de la UE, en el que las anomalías alcanzaron un importe superior, por detrás de los fondos estructurales y de cohesión europeos.
El informe refleja un aumento de los casos notificados por lo que respecta a la agricultura, la política de cohesión y las ayudas a los estados candidatos a la adhesión.
En el documento, la CE distingue entre la "irregularidad", es decir, la obtención de una ayuda sin respetar la normativa europea, y el "fraude", o intento deliberado de beneficiarse ilegalmente de una subvención.
En ambos casos se produce un perjuicio contra el presupuesto comunitario que las autoridades nacionales y europeas están obligadas a remediar, pero sólo los fraudes dan lugar a procedimientos penales.
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