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LA NUEVA LEY DE MONTES: GRANDES EXPECTATIVAS DE FUTURO
15.XI.03
La nueva Ley de Montes (121/000138Montes, de 13 de noviembre
de 2003 Boletín Oficial de las Cortes Generales número
138-13/A) sustituye a la normativa preconstitucional que estaba
vigente, promulgada en 1957, cuando España era un Estado
de fuerte centralización, sin sombra de lo que hoy
es el régimen autonómico con que nos dotamos
en la Constitución de 1978.
El largo tiempo transcurrido desde la anterior regulación
forestal no significa que el nuevo texto haya tenido una larga
tramitación, puesto que sólo hace unos meses
empezó su senda legislativa hasta el pasado día
13. Lo que sucedió simplemente es que hasta el año
2000 el proyecto no fue anunciado en el programa electoral
del partido que resultó triunfante en las elecciones
generales de ese año.
Durante la tramitación parlamentaria se han introducido
88 enmiendas que enriquecen el texto elaborado por el Ministerio
de Medio Ambiente, y que fue presentado, el pasado mes de
marzo, por la Ministra Elvira Rodríguez para su aprobación
por el Consejo de Ministros.
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“Nuestro país cuenta
con una superficie forestal total de 26 millones
de hectáreas, algo más de la mitad
de todo el territorio nacional”
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En relación con esta Ley, será bueno recordar
que nuestro país cuenta con una superficie forestal
total de 26 millones de hectáreas, algo más
de la mitad de todo el territorio nacional, de las cuales
más de dos tercios son de titularidad privada y el
resto, pública. Por otra parte señalemos, según
se deriva del Tercer Inventario Forestal Nacional, que está
aumentando la superficie arbolada que actualmente se sitúa
en 15,2 millones de hectáreas, en tanto que el número
de árboles adultos se estima que asciende a 5.452 millones,
con una asignación teórica de 130 árboles
por persona. El objetivo ahora, a través del Plan Forestal
Español que incluye las realizaciones de las CC.AA.,
es repoblar unos 3,5 millones de hectáreas en los 30
próximos años, para llegar a una cobertura de
250 árboles por español.
La Ley reconoce el papel de los montes como elementos necesarios
para luchar contra el cambio climático y para fomentar
el desarrollo económico sostenible, especialmente contribuyendo
a la producción de oxígeno, a la regulación
hídrica, y a la lucha contra la erosión y la
desertificación. En esa dirección, la Ley, y
sobre todo las regulaciones autonómicas están
protegiendo cada vez más las funciones del bosque desde
el punto de vista educativo, recreacional, y como productor
de frutos muy diversos, así como de una gran variedad
de flora micótica, vulgo setas y hongos. En cuanto
a la madera, tiene una importancia secundaria en los bosques
tradicionales, de funciones fundamentalmente protectoras,
con gran realce, en cambio, en los cultivos forestales, que
con sólo dos millones de hectáreas proporcionan
casi el 70 por ciento de la producción nacional de
unos 17 millones de metros cúbicos, a base de especies
de turno corto como chopo, eucalipto y pino; estando en progresión
las empresas que tienen como objetivo la producción
de maderas nobles del tipo del nogal, cerezo, etc.
La nueva Ley determina que los propietarios de los montes
son los responsables de su gestión, sin perjuicio de
las competencias de las CC.AA. y de lo que éstas dispongan
para los montes catalogados de utilidad pública; con
el lógico repertorio de instrumentos de planificación,
para establecer programas de mejora de acuerdo con los propietarios.
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“Bienvenida la nueva Ley,
para proteger y mejorar una parte esencial de
nuestro patrimonio natural pensando en las generaciones
venideras”
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El nuevo texto legal incorpora el Catálogo de Utilidad
Pública, que incluye los montes de especial contribución
a las labores de mantener la diversidad biológica y,
en particular, los espacios naturales protegidos, como son,
entre otros, los que están dentro de la Red Natura
2000. Ese catálogo, de larga tradición forestal,
podrá garantizar una eficaz conservación de
los mejores montes públicos españoles, con la
función esencial de proteger las cabeceras de las cuencas
hidrográficas que contribuyen a la regulación
del régimen hidrológico, y proteger el suelo
contra la erosión.
En lo que se refiere a la lucha contra los incendios, la Ley
atribuye a la sociedad el papel de prevención, con
la exigencia de promover campañas para concienciar
a los ciudadanos. Además, señala la necesidad
de coordinar las diferentes administraciones en la prevención
y extinción de incendios, e igualmente prohibe cambiar
el uso del suelo tras los fuegos que puedan producirse.
Bienvenida la nueva Ley, para proteger y mejorar una parte
esencial de nuestro patrimonio natural, cuyos servicios silenciosos
a la Nación son altamente estimables, de manera especial
desde un enfoque de ética ecológica, diacrónica,
a través del tiempo, pensando en las generaciones venideras.
* Texto del comentario realizado en AGROCOPE
(Cadena COPE)
Catedrático de Estructura Económica
Cátedra Jean Monnet de la UE |
