-Los productores acaban de denuncia esa subida del 60 por ciento en la energía, está claro que en la situación actual no  pueden afrontarla...

Sin duda porque ese es el precio medio de la energía. Pero depende del tipo de contrato que tuviese antes del 1 de de julio de 2008 que fue cuando desapareció la tarifa especifica de riego, pero hay zonas regables que le suponen más del 50 por ciento de media y lo más fragante de todo es que el término de potencia, que es el coste fijo que se paga por la potencia máxima contratada aunque no se utilice y durante todo el año se ha incrementado en más del 450 por ciento.

Es más para una campaña de riego de tres o cuatro meses, según la zona, estar durante 12 meses pagando estos costes, que antes no eran muy elevados pero hoy día sí, no se puede y hay zonas regables que antes de empezar a regar han tenido que pagar un coste fijo muy superior a lo que se pagaba anteriormente a toda la campaña de riego.

-El sector pide que se publique de forma urgente ese RD, sobre contratos flexibles de temporada, que negoció el sector durante el año pasado, ¿por qué cree que lleva paralizado 9 meses?

Eso, ayudaba un poquito pero digo un poquito, porque realmente tenía incrementados unos costes adicionales, había una recarga de un 25 por ciento, en principio. se fue reduciendo poco a poco y no es la solución. La solución de verdad para este caso en concreto es lo que nosotros solicitamos que no es ninguna subvención, es pagar por la potencia realmente utilizada y cuando se utilice. Si los motores están apagados ¿por qué hay que pagar una renta fija, si ya incluso las propias compañías eléctricas, saben que no se va a disponer de esa energía, con lo cual pueden ellos disponer para otro uso? Esto es lo que solicitamos, no pagar por una potencia teórica contratada la máxima durante los 12 meses, sino que los meses que se utilice y por la potencia que realmente se consuma.

-Ustedes han defendido su papel como productores de energías renovables, ahora que se habla tanto de estos temas

Estamos buscando soluciones para apreciar y abaratar los costes de la energía. Pensamos que uno de ellos podría ser la posibilidad de que se pudiera producir energía dentro de nuestras zonas regables que ya en algún sitio se hace para autoconsumo principalmente, o sea, para disminuir esos costes generales.

Hemos pedido varias medidas concretas tanto al ministerio de Medio Ambiente como al de Industria que son los que realmente junto con el de Economía tienen que tomar la decisión. Por ejemplo, hemos pedido la posibilidad de producir energía para auto consumo realmente durante la campaña de riego la producción de energía se cedería a las compañías eléctricas y luego en la campaña de riego evidentemente la recuperaríamos pero ya al coste que cuesta producirla, no es lo mismo que al coste que esté en el mercado.

Y también otra medida que hemos pedido, ha sido la reducción del IVA. Esto ya lo consiguieron en países como Italia donde se ha reducido el IVA de un 20 por ciento a un 10 por ciento ( o lo que es lo mismo un 50 por ciento), y nosotros conseguimos que eso incluso se llegase a aprobar hasta en el Congreso y en el Senado en una reducción del IVA del 16 por ciento, entonces antes de la subida al 7 por ciento y se aprobó, pero luego el Gobierno se echó atrás.

Ese IVA para nosotros es muy importante porque somos finalistas,, nos lo desgravan a los agricultores, lo que supone un ahorro neto más concreto de un nueve por ciento de todos los costes, no sólo de energía sino incluso de hasta la modernización de regadíos.

 -Nos hablaba de producir energía para autoconsumo pero ¿están nuestras instalaciones preparadas?

Bueno lo que tenemos es que aprovechar los recursos naturales que tenemos. Por ejemplo, saltos de agua que hay dentro de las zonas regables. Hacer esos pequeños saltos de agua que se pueden utilizar como ya se están utilizando en algunas zonas sobre todo en el río Ebro. Sí que hay comunidades generales que han construido algunas minicentrales, que son pequeñas centrales de producción de energía que abaratan esos costes sin duda cuando la utilizan en el consumo, que normalmente necesitan en su campaña de riego.

Las comunidades de regantes evidentemente sí están preparadas, puede que necesiten pequeñas ayudas pero si la inversión es rentable se realizará. Lo que no es rentable es seguir manteniendo la política energética como actualmente, en las condiciones que se encuentra porque incluso agrava todavía más los regadíos que se han modernizado, o sea, después de hacer todo el esfuerzo económico que se ha hecho en transformar en el país casi 1 millón de hectáreas según el Plan Nacional de Regadíos que el horizonte era diciembre de 2008 que es cuando terminaban las obras. Pues justo se produce el cambio de energía, cuando los riegos de superficie que son los riegos clásicos que se llaman también de a pie, o sea, los riegos de compuerta que no necesitan energía se han transformado en unos riegos de presión que utilizan el agua con mayor eficiencia, se utiliza menos agua evidentemente pero tienen un coste energético adicional que antes no había porque son riegos de presión y además una amortización de las obras. Cuando se hace esta transformación, los costes adicionales de potencia se han multiplicado por 3, o incluso por 4. Eso es lo que hace insostenible pues que para muchas zonas regables sobre todo del interior de la Península porque esos ingresos brutos están limitados aunque se hayan transformado a unos cultivos determinados, porque es el clima el que determina la viabilidad de unos cultivos u otros, no el sistema de riego.

-En materia política, acabamos de asistir a la nulidad por parte del Tribunal Constitucional tanto del Estatuto de Castilla y León como del Guadalquivir, ¿cómo los han recibido?

Pues nosotros con mucha alegría y satisfacción porque la realidad es que las comunidades autónomas en general desde que empezó Cataluña, y después siguió Aragón con el río Ebro, se atribuyen en sus estatutos competencias que eran propias de la administración central, con lo cual se estaba fragmentando la gestión del agua en los ríos, y un caso muy evidente ha sido el del Guadalquivir, que ha sido la excepción de la gestión, pero no la planificación. Entonces resulta que había dos organismos oficiales del Guadalquivir, o sea existía la CHG, y la agencia andaluza del agua, eso supone además de una descoordinación, costos muy superiores para los usuarios porque hay duplicidad en cargos y además un problema en principio entre comunidades autónomas que además en épocas de sequía este problema sería entre provincias.
 
En este sentido parece que el agua ya no es de todos, ya no es un bien común de todos los españoles sino del que la tiene más cerca, claro los intereses egocéntricos de las comunidades autónomas pues pretendían apropiarse no sólo del agua que tenían más cerca sino también una serie de reservas para el futuro como ha pasado en Castilla-La Mancha y como está pasando el todas las CCAA. Se fijaban estos unas cantidades de reserva, que no la debe de fijar una comunidad sino que eso lo tiene que hacer unos planes hidrológicos de las diferentes cuencas donde participan las CCAA que de algún modo constituyen esa cuenca hidrográfica, y claro esto ocasionaría además de esos conflictos la imposibilidad de realizar una planificación hidrológica nacional.

El Estado tiene que recuperar esas competencias que ha estado perdiendo y poner orden en este caos que está pasando la legislación autonómica del agua porque realmente estamos consiguiendo una auténtica Torre de Babel en legislación de agua y  las consecuencias de todo esto lo pagamos sin duda los usuarios, porque no hay forma de hacer una actuación porque siempre los intereses de uno perjudican a otro.

Lo que queremos y presionamos al MARM, como hicimos el otro día en el Consejo Internacional del Agua es que se ejecuten esas sentencias que no se empiecen a buscar soluciones de parcheo, de decir bueno una encomienda de gestión temporal que puede durar no sabemos el tiempo. Lo que queremos es que realmente se ocupe de la sentencia como dice la sentencia constitución y la Ley de Aguas, que sean la Confederación Hidrográfica correspondiente que lleve la gestión y la planificación de las cuencas.

-Son confrontaciones políticas y precisamente la ministra Aguilar, habla de un posible pacto del agua, un posible pacto de estados y posicionamientos, ¿usted lo cree posible?

Yo creo que es que casi la única solución dadas las circunstancias es devolver esa gestión al Estado, un pacto de agua en fin este pacto a nivel nacional se puede hacer para hacer, para que se vuelva a poner otra vez la planificación hidrológica e insisto en que podamos realizar una Planificación Hidrológica Nacional. Ahora se están haciendo los planes hidrológicos de cuenca, que se tenían que haber terminado antes de 2009, claro con estos problemas de las autonomías en nuestro país por ejemplo hay 25 planes hidrológicos, cuando la ley en todos los países de Europa es de 9, y quien más tiene 12, pues no nosotros 25.

Esto ocasiona que haya mucha más dificultad para aprobar estos planes hidrológicos, el futuro sería todavía muchísimo más grave con lo cual si que tiene que haber esa administración central fuerte que recupere con ese pacto otra vez las competencias que le corresponden por ley. Tenemos que coordinarnos todos en llevar agua donde no la hay, porque en nuestro país llueve pero no de un modo regular en unas partes no llueve, en otras partes llueve mucho y claro el agua es un bien común de todos los españoles en nuestro caso.

Para escuchar la entrevista completa pinche aquí.