28 de Septiembre de 2009

RECIPROCIDAD FITOSANITARIA

La Comisión Europea acaba de aprobar la nueva normativa fitosanitaria que entrará en vigor a finales de año, aunque contará con una moratoria de hasta 18 meses para que empresas y agricultores tengan tiempo para adaptarse y hacer la transición.

Es cierto que la opinión pública europea demanda cada vez más actuaciones que garanticen la seguridad alimentaria y el respeto medioambiental, por lo que a priori es importante que las leyes se vayan adaptando a los nuevos tiempos, pero no es de recibo que la maquinaria legislativa de Bruselas arrolle a toda una industria seria y responsable que lleva mucho tiempo invirtiendo e investigando para ofrecer productos con todas las garantías.

Y es que la normativa nace con la oposición frontal de las empresas fitosanitarias europeas y de los propios agricultores, que temen que tanta limitación provoque pérdidas millonarias en concepto de plagas que acaben con buena parte de la producción.

En este caso, la ley no debe ir por delante de una tecnología que protege los cultivos, menos cuando se avanza continuamente –a costa de grandes inversiones- para reducir cualquier tipo de impacto medioambiental.

A todo esto se le añade una circunstancia que deja aún más indefenso a todo el sector comunitario, y es el hecho de que no existen las mismas exigencias para productos alimentarios procedentes de terceros países, de forma que por un lado se le pone una zancadilla a la potente industria fitosanitaria europea y por otro no se avanza en la defensa del consumidor.

Bruselas ha perdido una oportunidad para aunar los intereses de la sociedad con las demandas razonables del sector agrario. Desgraciadamente no es la primera vez y mucho es de temer que tampoco será la última.